Promesas fiscales rotas y deudas diferidas en el tiempo: PGN 2026

Promesas fiscales rotas y deudas diferidas en el tiempo: PGN 2026

Varios expertos, centros de investigación y periodistas han dedicado portentosos —y en algunos casos, no tan técnicos— análisis al presupuesto que el Gobierno colombiano presentó para 2026. El monto asciende a $557 billones de pesos, el más alto en la historia del país del café más suave del mundo. El tamaño del presupuesto no es un problema en sí mismo; lo preocupante es la forma en que se estructura, se financia y se proyecta su impacto en la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Los titulares de la mayoría de estos artículos incluyen términos como “desfinanciado”, “mayor presión fiscal”, “endeudamiento creciente”, “optimismo sin respaldo”, “no es viable” o “las alertas que trae el PGN 2026”. En síntesis, hay un consenso en que el presupuesto 2026 descansa sobre un financiamiento frágil en el corto plazo que, de no corregirse, comprometerá aún más la sostenibilidad fiscal a largo plazo.

El punto más crítico, repetido como un mantra por analistas, gremios y congresistas, es que la viabilidad del presupuesto depende de una reforma tributaria por $26,3 billones —equivalente al 1,4 % del PIB— que no ha sido presentada ni aprobada por el Congreso. Y aquí la memoria institucional no ayuda: el año pasado, con el mismo Congreso, el Gobierno intentó aprobar una reforma por $12 billones para financiar el presupuesto 2025. No pasó. La consecuencia fue histórica nuevamente: por primera vez en Colombia, el presupuesto nacional se aprobó vía decreto presidencial.

Pero la inconsistencia no termina ahí. Entre la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) en junio y la radicación del proyecto de presupuesto en julio, el Gobierno “encontró” nuevas necesidades de gasto por casi $18 billones. El salto es monumental si se considera que esta cifra equivale a más de la mitad de la última reforma tributaria aprobada en 2022. No ha habido un choque externo, ni una crisis de gran escala, ni una emergencia nacional que justifique semejante ajuste en tan poco tiempo.

Vale recordar que el MFMP es, en teoría, la brújula fiscal de un país: proyecta durante más o menos una década trayectorias plausibles de ingresos y gastos, enmarcadas en el contexto económico vigente. Alterar esa hoja de ruta en pocas semanas y sin razón extraordinaria erosiona la credibilidad del Ejecutivo ante el Congreso, deteriora la confianza de los acreedores internacionales y resta seriedad a la institucionalidad fiscal colombiana, que ha sido reconocida como una de las más técnicas de la región.

El panorama se agrava si se considera que, cuando el Gobierno invocó la cláusula de escape para no cumplir la Regla Fiscal, se comprometió a recuperar una senda austera del gasto. En ese momento, el mensaje fue claro: vamos a reducir el déficit primario al 1,4 % del PIB en 2026. Sin embargo, el nuevo presupuesto rompe de forma explícita esa promesa también, llevándolo al 2,0 % del PIB. En cifras concretas, hablamos de un aumento de $11,6 billones en el déficit primario respecto a la meta original, lo que eleva la brecha fiscal a cerca de $38,6 billones. Este desvío no es un matiz contable: implica que el ajuste requerido en 2027 para volver a la Regla Fiscal será mucho más severo (1,7 puntos del PIB en vez de 1,1), lo que puede forzar recortes drásticos o incrementos de impuestos más agresivos en el futuro inmediato.

El manejo de la deuda también merece atención. El presupuesto proyecta una reducción del 9 % en el pago total de la deuda, enfocada principalmente en reducir la amortización de capital, no en intereses. En otras palabras, se paga menos capital para disminuir la deuda y se asume un mayor gasto en intereses. Este esquema no reduce suficiente el pasivo; lo traslada en el tiempo, aumentando su costo nominal y, por ende, el esfuerzo fiscal que tendrán que hacer gobiernos futuros.

Todo esto se desarrolla en un contexto político en el que el Ejecutivo parece actuar con obstinación frente a las advertencias de las instituciones fiscales y de numerosos expertos, tanto nacionales como internacionales. Resulta sintomático que algunas de las voces críticas provengan de exfuncionarios de alto nivel que, hasta hace poco, formaban parte de este mismo Gobierno. El mensaje es claro: no se trata de un debate ideológico entre oficialismo y oposición, sino de una discrepancia sobre la viabilidad fiscal del país a mediano y largo plazo.

Sin embargo, el verdadero desdén gubernamental no es solamente hacia técnicos ni instituciones, sino hacia la mayor parte de ciudadanos. Porque, aun cuando se hicieran los cambios propuestos, el sistema tributario (y el presupuesto) colombiano no sólo lo pagan los “ricos”, más del 90 % de los colombianos contribuye de una u otra manera a través del IVA, el gravamen a los movimientos financieros, impuesto a la gasolina y otros tributos directos e indirectos. Esto incluye buena parte de las personas en condición de pobreza y a toda la clase media, que además verán cómo las tasas de interés y la inflación disminuyen sus ingresos reales.

Por otro lado, la deuda que se contrae hoy no se evapora; la tendrán que pagar mañana todos los ciudadanos, ya sea con más impuestos, con menos gasto social o con ambas cosas. Gastar hoy más de lo que se gana significa trasladar cargas a las próximas generaciones.

En esencia, la Política Fiscal no es una ciencia espacial digna de misiones a la Luna o a otro lugar del cosmos. Es, o debería ser, un ejercicio de sentido común: equilibrar ingresos y gastos a mediano y largo plazo, con la vista puesta en el bienestar presente sin hipotecar el futuro. Esto lo entiende cualquier persona o familia que administre sus finanzas con prudencia. El problema aparece cuando ese principio básico se sacrifica en nombre de “prioridades” inmediatas, con la esperanza de que la cuenta final la paguen “otros” en el futuro. Sin embargo, en el caso del PGN 2026, y sus efectos a futuro, con certeza serán los ciudadanos colombianos quienes asuman el costo real, sea quien sean el próximo gobierno.ación