¿DESCENTRALIZAR, EN SERIO?
Descentralizar es ceder poder. Es un asunto de competencias y recursos.
Por: Víctor Reyes Morris. Sociólogo, doctor en Sociología Jurídica. Ex concejal de Bogotá, Exrepresentante a la Cámara Ex Director de ICETEX. Profesor (Pensionado) Universidad Nacional de Colombia
8/2/20264 min read
¿DESCENTRALIZAR, EN SERIO?
Por: Víctor Reyes Morris.
Sociólogo, doctor en Sociología Jurídica.
Ex concejal de Bogotá, Exrepresentante a la Cámara
Ex Director de ICETEX.
Profesor (Pensionado) Universidad Nacional de Colombia
Descentralizar es ceder poder. Es un asunto de competencias y recursos. Las competencias públicas son las facultades o el ámbito legal de atribuciones que corresponden a una entidad pública o a una autoridad judicial o administrativa. Trasladarlas a otros niveles de gobierno regionales o municipales para que las asuman es desde luego ceder poder, lo que no es fácil, especialmente cuando el ejercicio del poder presidencial tiende a volverse imperial o cuasi omnímodo. Pero no se pueden ceder competencias sin los correspondientes recursos para cumplirlas. No se pueden otorgar funciones a cumplir sin los correspondientes presupuestos para ejecutarlas.
Descentralizar significa también preparar a los entes recipientes en sus capacidades para asumir tales compromisos. Subsisten por lo mismo dos riesgos: incapacidad o no preparación y corrupción. Debe prepararse los entes regionales y municipales para asumir funciones y garantizar que lo harán bien en pro del bienestar de los ciudadanos (as) de su jurisdicción. Hay que diseñar un proceso de habilitación para recibir tales delegaciones. Tanto a nivel departamental como provincial o municipal.
Respecto a la corrupción que ronda la administración pública es uno de los grandes riesgos que hay que correr, pero también de preparar para hacer las cosas correctamente, ejercer autoridad y responsabilidad política y vigilancia institucional. La “teoría del cuarto de hora” es un mal que ronda la administración pública no sólo entre funcionarios electos sino también en nombrados. Consiste en “aprovechar” la oportunidad de un ejercicio de poder para enriquecerse personalmente porque “nunca se sabe si volverá a tenerse esa oportunidad”, reza el cinismo de quienes obran de esa manera.
También depende de la disposición de funcionarios capacitados para el ejercicio de nuevas funciones. Hoy en día hay mucha gente con titulo profesional universitario que si recibe la capacitación correspondiente puede asumir funciones con aptitud y seguramente con la convicción de prestar un buen servicio público.
Otro asunto es si la descentralización, se confunde con trasladar la “centralización” a ciudades distintas a Bogotá, que también es víctima del centralismo. El centralismo no está adscrito a una ciudad porque sea la capital del país, sino a un estado centralista, esté donde esté.
La descentralización no es el abandono de los entes territoriales a su suerte, si no están suficientemente preparados no hay que esperar que fracasen para re-centralizar. La Constitución habla de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en el Ordenamiento Territorial. La coordinación es el acuerdo y la cooperación para hacer bien las tareas, concurrencia es la colaboración entre distintos niveles de la administración pública, y la subsidiariedad es que si un nivel no tiene capacidad ni preparación para ejercer una función otro nivel lo puede asumir. Se trata en todo caso de ser útil a los ciudadanos.
Lo que ha faltado en buena parte en los intentos de procesos descentralizadores es la existencia de una institución de capacitación y apoyo asistido para la asunción de funciones descentralizadoras desde luego provistas con los respectivos recursos, cuando son trasladadas a niveles institucionales más cercanos a los ciudadanos, como lo son los municipios. Esta función que deberían por ley hoy ejercer los departamentos, implica a su vez que éstos también deben ser asistidos cuando así lo requieran por eso el apopo desde el nivel central, no para sustituir sino para avanzar en la delegación.
Un caso histórico es el de los servicios de policía. La historia nos relata que la “nacionalización de la policía” obedeció a los hechos del 9 de abril de 1948, con el asesinato del gran líder político liberal Jorge Eliécer Gaitán, cuando las policías locales se unieron a los alzamientos insurreccionales de los seguidores del caudillo. De ahí en adelante las autoridades locales perdieron la facultad de tener su propia policía. Aunque la norma establece que los alcaldes son los jefes locales de la policía, está obedece a parámetros nacionales de dirección, reclutamiento, formación, ascensos, etc. Poco compromiso y relación con situaciones locales. Seguramente si se necesitan servicios policiales de nivel nacional, para eso en muchos países existe la Guardia Nacional para propósitos específicos, pero la policía local es también necesaria. Entonces correspondería realizar una redefinición de la institución policial, a la luz de la descentralización para colocarla tanto al servicio de lo local como de tareas nacionales. En este sentido es importante el arraigo de los miembros de la institución policial a sus lugares de origen.
La verdadera voluntad de descentralización, no sólo se expresa en la cesión de poder de funciones específicas a los entes regionales y locales, sino en garantizar la presencia en todo el territorio la vigencia de la ley y de las instituciones del Estado al servicio de la ciudadanía.
Quienes deben hacer esa presencia no solo son los órganos armados legítimos del Estado, sino verdaderas instituciones locales permanentes y con ejercicio de atender las demandas ciudadanas. Los primeros pueden ser una garantía inicial para el propósito de imponer la legitimidad, pero su ubicación en un determinado lugar de la Nación frente a una situación demandante de seguridad pública especial es sólo para eso, las instituciones permanentes es el servicio público ciudadano.
Descentralizar es un problema complejo, pero absolutamente necesario de asumir con fuerza, en el cual se debe contar como protagonistas a quienes están dispuestos a hacerlo desde el nivel central como a quiénes deben asumirlo desde lo regional y local. Ese es un diálogo nacional verdadero. -
